La diputada de Morena, Maribel Aguilera, presentó el jueves una iniciativa para castigar con cárcel a quien no pague pensión alimenticia.

Dentro de la exposición de motivos que la diputada presentó como fundamento para la presente iniciativa expuso el martirio en el que se convierte para muchas mujeres exigir el pago de una pensión alimenticia al padre de sus hijos, puesto que resulta un trámite complicado, tardado y muchas de las veces el obligado se esconde para evadir su responsabilidad, si bien, existen mecanismos para demandar al deudor alimentario por la vía civil, muchas veces hacen uso de artimañas para no pagar, aun y aunque de por medio exista una sentencia.

Por ello, es indispensable que en estos casos se aplique todo el esfuerzo de las autoridades para exigir al que incumpla con su obligación de alimentos, toda vez que su falta de cumplimiento atenta contra del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Publico deberá actuar de oficio ante la denuncia del incumplimiento, siendo el deudor sujeto a ser privado de su libertad como pena para la reparación del daño. Si bien, también las madres pueden entrar en el supuesto de incumplimiento, las estadísticas demuestran que es mayor el índice de padres que se encuentran en esta situación, comentó.

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Con esta propuesta se busca que el Código Penal Federal contemple en sus disposiciones al Delito de Incumplimiento de Obligaciones Alimentarias a fin de eliminar cualquier interpretación ambigua de los operadores jurídicos, abogados y los supuestos de hecho, teniendo claridad de las condiciones, los sujetos y las penas.

Esto permitirá también tener un carácter disuasorio, pues tanto el acreedor como el obligado alimentario tendrán pleno conocimiento de que el Delito de Incumplimiento de Obligaciones alimentarias corresponde a pena privativa de la libertad en el Código Penal Federal.

De esta forma, se ampliarán las posibilidades para que los afectados puedan hacer valer sus derechos con el respaldo de la autoridad de manera coercitiva y rigurosa en contra de aquellos que incumplan con su obligación.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para su revisión y en su caso aprobación.

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